7 de febrero de 2009

Por la delgada línea roja. El periodismo y la ley


Este es un post que desde hace tiempo quería escribirlo. Lo hago ahora por la sencilla razón que el impacto coyuntural viene descendiendo. De todas formas intentaré plasmar un análisis que sirva para explicar la compleja convivencia entre los medios periodísticos, la ley y, la sociedad (opinión pública).

En el Perú viene sucediendo un caso que da mucho por hablar sobre todo para el círculo académico de los futuros periodistas.

Sucede que en el mes de septiembre el programa periodístico Cuarto Poder del canal 4 de Lima difundió unos audios en donde un funcionario del Estado (Alberto Quimper) y un ex ministro del primer gobierno de Alan García y hoy ciudadano civil (Rómulo León) pactan una especie de lobby con la finalidad de que la empresa para la cual trabaja Rómulo pudiera ganar la licitación de unos lotes petroleros. Ambas personas se encuentran detenidas en un penal de máxima seguridad.

Muy bien, hasta allí todo estaba normal. El problema trasciende a la denuncia periodística cuando se supo que los audios que el medio de TV y posteriormente un diario local habían publicado, provienen de audios interceptados. Es decir, su fuente periodística les entregó audios que habían sido interceptados por personas "x" y que seguramente tendrían un fin "y". Tengamos presente que en el Perú es penado la interceptación telefónica.

Entonces tenemos que en primer lugar se difundieron audios donde "presuntamente" se estaba cometiendo el delito de "Asociación ílicita para delinquir" debido al favoritismo político. Por otro lado, las autoridades estatales alzaron su voz de protesta debido a que los periodistas habían utilizado una fuente ilícita, es decir, habían tranzado con información interceptada, algo que en el Perú es ilegal. Hasta el momento se vienen tejiendo muchas hipótesis, a veces apresuradamente, sobre los implicados en tal delito. Por el momento ya se sabe que la empresa "especializada" en este "chuponeo" se llama Business Track.

Entonces he aquí la primera pregunta: ¿Los periodistas tienen la obligación de difundir información cuando esta proviene de manera ilegal? Esta pregunta bien pudiera recordarmnos al buen Maquiavelo y su "fin justifica los medios".

Pero si seguimos esta premisa entonces ¿dónde está el Estado de Derecho? Es decir, ¿Acaso somos tan vulnerables a ser interceptados? ¿Acaso no es el Estado quien debe defender nuestra intimidad?

Posterior a esto viene ocurriendo innumerables debates acerca de que si los periodistas que difundieron tal noticia hicieron bien o mal. Al principio parecía que hicieron todo bien, pero conforme pasaban los días el problema se hacía más claro. Por ejemplo, los periodistas no supieron discrimar información adecuada que pudiera ser difundida (muchos audios fueron editados y manipulados). Conforme a esto muchas personas inocentes han recibido la violación a su intimidad.

Posteriormente, han ido cometiendo mucho errores que a su vez han ido mellando la forma en que un periodista debe o debería utilizar como herramienta de investigación. Por ejemplo: En el Perú, existe la costumbre de denunciar todo, es decir, el periodismo que todo encuentra malo y sucio. Por otro lado, existe un amplio debate académico sobre la utilización del condicional y la publicación de hipótesis.

Indudablemente esto es parte de la herramienta periodística pero me pregunto ¿Acaso las hipótesis son válidas para demostrar hechos que se acercan a la verdad, no obstante se deben hacer con la responsabilidad del caso y no mellando el honor de las personas o simulando encontrar respuestas donde no las hay?

Nos escontramos con la segunda pregunta ¿Es posible que el periodista investige más acerca de los hechos? o ¿Acaso la premura de vender más diarios o ganar más rating obliga que estos suelten la primera piedra antes de que las cosas lleguen a un mejor horizonte?
Para esto, los periodistas y bloggers han denunciado un intento de destruir la libertad de expresión. Se ha puesto como ejemplo el caso del Watergate, aunque claro se ha olvidado que el Watergate fue tratado de otra forma. Por otro lado, la justicia exige a los mismos que digan quien fue el nexo que les proporciocó dichos audios, algo que como todos sabemos dificilmente lo hará un periodista puesto que le ampara el derecho de mantener su fuente en secreto.

Alberto Borea, reconocido constitucionalista en el Perú, destaca tres elementos vitales para entender el problema:

1.- Todos tiene el derecho al honor y a la buena reputación y a la intimidad de sus comunicaciones.
2.- Toda persona tiene el derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y documentros privados. Las comnicaciones sólo pueden ser intervenidas por mandato del juez y se guarda secreto de los asuntos ajenos del hecho que motiva su examen
3.- (Los periodistas) tienen el derecho de guardar el secreto profesional.

Entonces para decirlo en cristiano, según Borea, hubo muchos errores periodísticos y no es permisible que se publiquen o difundan material que mellen los derechos de terceros inocentes. En tanto, para el IPYS y la mayoría de gremios perioodísticos nacionales e internacionales, señalan que en el Perú es doctrina jurisprudencial consolidada de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que cuando otro derecho fundamental como el honor -que también tiene protección penal- entra en conflicto con la libertad de expresión, lo que procede es un juicio de ponderación donde la proyección pública de la información determina la prevalencia de la libertad de expresión.

Sostengo que habría que revisar muy bien sobre el papel de los periodistas y sus límites legales. ¿Por qué? Porque querramos o no vivimos en un Estado de Derecho. Habría que entender que el derecho a la privacidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, como también lo es el de la libertad de expresión. Pero una no es más grande que la otra. No se puede sostener que este derecho es más importante que lo otro. En todo caso, es el juez quien debería decidir.

Ahora bien, esto puede causar gracia porque la historia demuestra que muchas veces las organizaciones estatales están minadas por la corrupción. ¿cómo confiar en la justicia, si estos harán caso omiso u ojos cerrados? Si pues, esto es trágico, pero recalco que por encima de esto está la ley y esta debe cumplirse.

Ver sobre el caso:



César Hildebrandt entrevista al periodista Marco Sifuentes. En este video le hace ver algunos errores periodísticos. Muy bueno.



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